El problema en los países en vía de desarrollo no se
encuentra en la economía informal sino en el Estado central, ya que su
incapacidad para satisfacer las aspiraciones más elementalesde las clases más
bajas.
La legalización en los países subdesarrollados es un
asunto tan costoso que es una de las razones por las cuales se convierte en un
privilegio de las clases que posen el poder económico y político, generando con
ello que las pases populares no les quede otro camino que el de la ilegalidad.
“Este es el origen del nacimiento de la economía informal” Así es como lo
plantea el economista Hernando de Soto
en su libro “El otro sendero”.
En las sociedades tercermundistas como es el caso colombiano; el sistema legal parece
haber sido creado con el fin de favorecer
exclusivamente al sector privados y castigar a los pobres manteniendo en una
permanente condición de fuera de la ley, a los que no lo son. Y absurdo porque
un sistema de esta índole se condena a sí mismo al subdesarrollo, es decir no
sólo a no progresar sino a hundirse cada día más en la ineficiencia y la
corrupción.
Las cuatro ramas donde más
se ve estas formas de informalidad son: el comercio, la industria, la vivienda
y el transporte. Demostrando además ser abrumadora mente más productivos en sus
empresas que el Estado.
Según Hernando de soto “los
países latinoamericanos nunca tuvieron una economía de mercado y que sólo
ahora, gracias a la informalidad, aquélla comienza a abrirse paso- aunque de
una manera salvaje y limitada- y probablemente este principio aplique para casi todo el mundo tercermundista”.
La “informalidad” es una
réplica de las mayorías contra ese sistema
que las ha hecho tradicionalmente victimas de una suerte de apartheid
económico y legal. En ese sistema, las leyes parecían pensadas para cerrarles
el acceso a cosas tan elementales como tener un trabajo y disponer de un techo.
Lo fundamental es que el
Estado recuerde siempre, que antes de redistribuir la riqueza, hay que producirla.
Y que, para conseguirlo, es indispensable que la acción estatal sea lo menos
obstructora de la acción de los
ciudadanos, ya que éstos saben mejor que nadie lo que quieren y lo que les
conviene. Devolver a la iniciativa y el empeño de los ciudadanos aquellas
tareas que ha venido usurpándoles o trabando, y limitándose a operar en
aquellos dominios específicos, necesarios a la Nación.
Las limitaciones de vivir al
margen de la ley impone a las empresas informales, impidiéndoles crecer y planear
el futuro, especializarse o protegerse (contra riesgos como el robo o el
siniestro) y lo vulnerables que son a
cualquier crisis.
